En su informe anual sobre las reformas estructurales publicado este viernes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoce que el pasado año ya se creó un nuevo marco legal para los inspectores laborales.
Pero a pesar de todo, constata que hay una elevada tasa de temporalidad en el empleo que incrementa la precariedad de los trabajadores afectados, lo que limita la movilidad laboral y es un factor que acrecienta la pobreza.
De hecho, las desigualdades de ingresos han progresado en España desde el estallido de la crisis en 2007, y se mantienen por encima de la media de la OCDE.
Eso se debe en parte a la elevada tasa de desempleo (España tiene la segunda más alta de los 36 países miembros de la OCDE, sólo superada por Grecia) y también al descenso de los recursos de las familias que están en la parte baja de la escala social.
Los autores de este informe, que señalan las reformas que consideran prioritarias para cada país en los dos próximos años, critican que el grueso de la fiscalidad en España recaiga sobre las rentas de trabajo y recomienda un aumento de los impuestos sobre los carburantes.
Se trata de integrar en el precio de los combustibles las consecuencias que tiene su uso en términos de emisiones de dióxido de carbono (CO2, el principal gas responsable del calentamiento climático) y de otros contaminantes.
La OCDE cuestiona la existencia de exenciones y deducciones en el impuesto sobre la renta y el IVA que le parecen injustificadas.
Y apuesta por suprimir los tipos reducidos del IVA, que son regresivos, y por ampliar la base impositiva del impuesto sobre la renta.
Como en ediciones anteriores, uno de los principales puntos es el referido a la educación, porque aunque haya disminuido la tasa de abandono escolar prematuro, continúa siendo alta.
De hecho, en 2016 apenas poco más del 80 % de los alumnos terminaban el ciclo superior de la educación secundaria en España, cuando la media de los países avanzados estaba por encima del 85 %.
En este campo, las principales asignaturas pendientes son mejorar la calidad de los profesores, con un esfuerzo en la universidad y en su preparación, y la formación profesional, con su desarrollo, su modernización y una ampliación del recurso a la alternancia en las empresas.
La OCDE apuesta, además, por dar a las empresas un mayor papel en la formación de los estudiantes y en el diseño de sus currículos, así como por una mayor especialización de la universidad.
En un terreno paralelo, recuerda que España gasta poco en investigación y desarrollo (I+D), lo que afecta negativamente a la evolución de la productividad.
Sus consejos ahí son una mayor coordinación de las políticas estatales y autonómicas para evitar duplicaciones, favorecer una mayor dimensión y especialización de las universidades para elevar la calidad de la innovación, atribuir los recursos en función de los resultados y de la aplicación de evaluaciones internacionales o dar más oportunidades de carrera a los investigadores muy cualificados.
La organización hace notar que en España hay una serie de barreras que limitan la actividad de las empresas y la productividad, en función del tamaño de las compañías u otros obstáculos para operar en varias comunidades autónomas, que tendrían que eliminarse.
A ese respecto, cree que habría que seguir aplicando la ley de mercado único, incrementar su transparencia y la cooperación entre las diversas administraciones. Así como mejorar las instancias de gobierno de los profesionales de los servicios.
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